Ministerio Público presenta requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández por presuntos ataques a la libertad de prensa

Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público presentó este miércoles un requerimiento fiscal contra el general en condición de retiro Roosevelt Hernández, exsecretario de Defensa y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con ataques al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

La acción judicial fue promovida por la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, luego de una investigación originada por denuncias interpuestas por periodistas que señalaron haber sido objeto de publicaciones y expresiones consideradas lesivas para el ejercicio de su labor profesional.

De acuerdo con el Ministerio Público, a Hernández se le atribuyen los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, en un caso que ha generado amplio interés público por involucrar a quien dirigió las Fuerzas Armadas durante un período marcado por fuertes tensiones entre la institución castrense y diversos sectores de la sociedad.

Las autoridades informaron que el requerimiento fiscal fue presentado sin orden de captura, por lo que corresponderá al órgano jurisdiccional determinar las medidas procesales que procedan. Asimismo, la audiencia de declaración de imputado quedó programada para el 7 de agosto, fecha en la que el exfuncionario conocerá formalmente los cargos formulados en su contra.

Tras conocerse la decisión del Ministerio Público, Roosevelt Hernández manifestó públicamente que comparecerá ante los tribunales para ejercer su derecho a la defensa y negó haber cometido acciones que vulneraran la libertad de prensa.

El caso ha provocado diversas reacciones en el ámbito político, jurídico y de derechos humanos, donde distintos sectores consideran que el proceso representa una prueba para el fortalecimiento del Estado de derecho y la protección de las garantías constitucionales relacionadas con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

Con la celebración de la audiencia prevista para la próxima semana, el proceso judicial entrará en una nueva etapa en la que el Poder Judicial determinará el curso legal de la causa conforme a los elementos presentados por las partes.